Microsoft Word - Tema 3

Tema 3 Las elecciones municipales, las reacciones tras ella y la proclamación de la República Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se desarrollaron en un clima de confianza para los círculos gubernamentales, quienes preveían una victoria dinástica basada en la inercia del voto rural y el abstencionismo. No obstante, la jornada registró una presencia masiva en las urnas con una participación que rozó el 85% en los centros urbanos, revelando que la opción republicana estaba más madura de lo esperado. Aunque en el cómputo global de los más de 9.000 ayuntamientos ganaron los monárquicos, los candidatos de la conjunción republicano-socialista triunfaron en 45 de las 52 capitales de provincia y en las principales ciudades industriales, lo que supuso una victoria moral irreversible. El caciquismo resultó derrotado en unos comicios que operaron como un auténtico plebiscito contra la monarquía, precipitando la convicción de que Alfonso XIII debía abandonar el trono. Ante la inminencia de la República el 14 de abril, el entorno regio se dividió: mientras Romanones y Gabriel Maura aconsejaban la salida del país o la negociación, sectores como Cierva o el general Cavalcanti instaban a la resistencia. La decisión final del monarca de no persistir en el poder se produjo tras conocer, mediante la entrevista de Romanones con Niceto Alcalá-Zamora, que la Guardia Civil y el general Sanjurjo se habían adherido al nuevo régimen y que se le exigía la entrega inmediata de poderes. Esa misma noche, el rey partió hacia Cartagena camino al exilio, publicando días después un manifiesto en el que aclaraba que no renunciaba a la Corona, sino que suspendía el ejercicio del Poder Real a la espera de una adecuada expresión de la conciencia colectiva. Paralelamente, la República se instauró como resultado de un movimiento popular espontáneo vivido como una fiesta multitudinaria en las calles. En Barcelona, antes del traspaso oficial, Lluís Companys izó la tricolor en el Ayuntamiento y Francesc Macià proclamó la República catalana dentro de un Estado federal, nombrando a López Ochoa capitán general. A las ocho de la tarde, el Gobierno Provisional —constituido por el Comité Revolucionario— tomó posesión oficial en el Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol. El gabinete, presidido por Alcalá-Zamora, reflejaba la pluralidad del Pacto de San Sebastián e integraba a figuras como Alejandro Lerroux (Estado), Miguel Maura (Gobernación), Manuel Azaña (Guerra), Casares Quiroga (Marina) o Largo Caballero (Trabajo). El gobierno provisional 1. Composición: ministros y partidos El Gobierno Provisional, constituido la tarde del 14 de abril de 1931, fue un reflejo del movimiento de oposición a la monarquía forjado en el Pacto de San Sebastián. El gabinete estaba presidido por Niceto Alcalá-Zamora (Derecha Liberal Republicana) e integrado por una representación equilibrada de las diversas familias republicanas y el socialismo. Entre los ministros figuraban Alejandro Lerroux (Estado) y Diego Martínez Barrio (Comunicaciones), del veterano Partido Republicano Radical; Miguel Maura.

(Gobernación), de la Derecha Liberal Republicana ; y Manuel Azaña (Guerra), líder de Acción Republicana. El ala izquierda estaba representada por el Partido Radical Socialista con Marcelino Domingo (Instrucción Pública) y Álvaro de Albornoz (Fomento). Por primera vez, el socialismo participó en el poder con tres carteras: Francisco Largo Caballero (Trabajo), representante de la UGT; Indalecio Prieto (Hacienda) y Fernando de los Ríos (Justicia). Asimismo, el republicanismo regionalista contó con Casares Quiroga (Marina), de la ORGA, y Nicolau D’Olwer (Economía), del Partit Republicà Català. 2. Reformas por decreto: trabajo, militar y enseñanza Durante sus primeras semanas, el gobierno impulsó una serie de reformas urgentes mediante decretos que sentaron las bases de la transformación republicana. En el ámbito laboral, Largo Caballero promulgó el 20 de abril la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los patronos agrícolas a dar prioridad en el empleo a los obreros de su propio municipio para evitar el abaratamiento de los salarios. En materia militar, Manuel Azaña hizo público el 25 de abril el Decreto del retiro voluntario de oficiales, ofreciendo a los mandos la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro para asegurar la lealtad del ejército a la República y modernizar sus escalas. En el terreno educativo, Marcelino Domingo impulsó un modelo de escuela laica y unificada, destacando la creación de las Misiones Pedagógicas el 30 de mayo para llevar la cultura al mundo rural y el decreto de libertad religiosa en las aulas del 6 de mayo. 3. Convocatoria de elecciones constituyentes y cambios en la Ley electoral El proceso de institucionalización del régimen culminó con la convocatoria de elecciones constituyentes para el 28 de junio de 1931 mediante un decreto del 3 de junio. Previamente, el 8 de mayo, Miguel Maura impulsó desde el Ministerio de la Gobernación una profunda modificación de la Ley Electoral de 1907 para garantizar la transparencia y la estabilidad gubernamental. Entre los cambios fundamentales destacaron la supresión del distrito uninominal y la implantación de un sistema de lista abierta en circunscripciones provinciales. Se estableció un sistema mayoritario que favorecía a las coaliciones amplias, reservando un 20% de escaños para las minorías cualificadas. Además, se rebajó la edad de voto a los 23 años, se declaró elegibles a clérigos y mujeres, y se suprimió el polémico artículo 29 que permitía la proclamación de candidatos sin votación cuando no tenían oposición. La izquierda obrera ante la República 1. Comunistas Los comunistas, sujetos a la autoridad de la Comintern, manifestaron desde el 14 de abril un abierto rechazo a la República "burguesa". Su hostilidad inicial hacia las reformas y su escasa militancia les impidieron obtener representación en las Cortes Constituyentes. Sin embargo, el partido evolucionó bajo nuevos liderazgos como el de Dolores Ibarruri y José Díaz, quienes reconvirtieron la organización a la disciplina de la III Internacional.

tras la expulsión de Bullejos. A partir del intento de golpe de Estado de 1932, pasaron a defender la República ante la amenaza del fascismo. Su estrategia de frentes antifascistas y la creación de las Alianzas Obreras junto a grupos disidentes como el BOC de Joaquín Maurín o la Izquierda Comunista de Andreu Nin, les permitieron ganar presencia en los ámbitos sindicales y lograr su primer diputado en las elecciones de 1933. 2. Anarquistas La CNT llegó a 1930 muy debilitada por la clandestinidad, pero inició una rápida recuperación sindical tras la legalización solicitada por Ángel Pestaña. Pese a ser la mayor fuerza sindical del país, la organización sufría una grave fractura interna entre los moderados (treintistas) y los radicales de la FAI. En el Congreso del Conservatorio de 1931, se impuso inicialmente la tesis moderada de utilizar el marco de libertades republicano para desarrollar su representatividad. No obstante, la hegemonía de la FAI terminó por arrastrar a la CNT hacia una posición "antisistema", promoviendo un ciclo de insurrecciones armadas —como el levantamiento del Alto Llobregat en 1932 o los sucesos de Casas Viejas en 1933— al considerar que la política laboral de Largo Caballero era deliberadamente anticenetista. Esta deriva radical provocó finalmente la escisión de los "sindicatos de oposición" treintistas en 1933. 3. Socialistas El socialismo vivió un éxito sin precedentes, convirtiéndose en el partido más votado en las elecciones de junio de 1931, lo que llevó a Julián Besteiro a la presidencia de las Cortes. El partido se dividió entre quienes veían la colaboración con los republicanos como una fase de transición necesaria y los que, como Besteiro, la consideraban una anomalía que perjudicaba al partido por la tibieza de las reformas. Por su parte, Largo Caballero justificó la participación en el poder para incorporar a la clase obrera a la gestión del Estado mediante un plan diseñado específicamente para la hegemonía de la UGT. Sin embargo, el crecimiento masivo de la UGT con bases carentes de "educación socialista" y la frustración campesina por la lentitud de la reforma agraria terminaron por resquebrajar la coalición, iniciando un proceso de radicalización en el ala caballerista a partir de 1933. Las nuevas Cortes del primer bienio Las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 consolidaron el giro político iniciado en abril, otorgando una victoria abrumadora a la coalición republicano- socialista. Gracias al nuevo sistema electoral que primaba las mayorías, la conjunción obtuvo cerca del 90% de los escaños, lo que permitió un legislativo con una capacidad de reforma sin precedentes en la historia de España. El PSOE se convirtió en la minoría más numerosa con 115 diputados, seguido por el Partido Republicano Radical de Lerroux (90) y el Partido Radical-Socialista (60). Esta hegemonía de la izquierda y el centro-izquierda permitió que la presidencia de las Cortes recayera en el socialista Julián Besteiro. Desde una perspectiva sociológica y política, estas Cortes marcaron una ruptura profunda con el periodo de la Restauración. Se produjo una renovación casi total de las élites parlamentarias: la mayoría de los diputados eran profesionales liberales (abogados, intelectuales, catedráticos) y cuadros sindicales que accedían por primera vez a la.

Cámara. Por el contrario, la derecha monárquica y católica quedó reducida a una representación mínima y fragmentada, agrupada en núcleos como la Minoría Agraria (26) y los diputados vasconavarros (15). Esta composición garantizó que el primer bienio tuviera un marcado carácter transformador, aunque también generó una fuerte polarización al quedar las fuerzas conservadoras prácticamente excluidas del proceso de elaboración de la nueva arquitectura del Estado. La Constitución de 1931 Rasgos generales La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, definió a España como una "República democrática de trabajadores de toda clase". Se fundamentó en el principio de soberanía popular y estableció una estricta división de poderes. El poder legislativo residía en una sola Cámara (Cortes Unicamerales), eliminando el Senado para evitar el freno conservador. El poder ejecutivo se dividió entre el Presidente de la República (Jefe del Estado) y el Presidente del Consejo de Ministros (Jefe del Gobierno), mientras que el judicial quedaba garantizado mediante un Tribunal de Garantías Constitucionales. Fue una carta magna de carácter avanzado y democratizador, que buscaba romper definitivamente con las estructuras de la Restauración. Derechos y notas sociales El texto destacó por una extensa y ambiciosa declaración de derechos y libertades. Por primera vez en la historia de España, se reconoció el sufragio universal pleno, incluyendo el voto femenino tras un intenso debate parlamentario. Se establecieron derechos civiles de vanguardia, como el divorcio y el matrimonio civil. En el plano social, la Constitución subordinaba la propiedad privada al interés público, permitiendo la expropiación forzosa por utilidad social con indemnización, y otorgaba al Estado un papel activo en la educación y la protección del trabajo, reflejando la influencia de las corrientes socialistas y republicanas de izquierda. Articulación territorial La Constitución dio respuesta a las demandas nacionalistas definiendo a España como un "Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones". Aunque se rechazaba el modelo federal, se introdujo la posibilidad de que provincias con características históricas y culturales comunes accedieran a un régimen de autonomía mediante la aprobación de un Estatuto. Este diseño permitió la descentralización del poder político y administrativo, siendo Cataluña la primera región en tramitar su autonomía, seguida más tarde por el País Vasco y Galicia. La cuestión religiosa Fue el punto más polémico y divisivo del debate constitucional, especialmente por los artículos 26 y 27. La Constitución declaró la aconfesionalidad del Estado y el fin del presupuesto de culto y clero. Se prohibió a las órdenes religiosas ejercer la enseñanza, la industria o el comercio, y se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, cuyos bienes pasaron a manos del Estado. Estas medidas, percibidas por los sectores conservadores.

como un ataque directo a la identidad católica, provocaron la dimisión de Alcalá-Zamora y Miguel Maura, marcando el inicio de una profunda fractura social y política entre la República y la Iglesia. Las reformas de los gobiernos de Azaña Trabajo Bajo la dirección de Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, la política republicana buscó mejorar las condiciones de vida de los asalariados y establecer una red de seguros sociales: a) Ley de Contrato de Trabajo (noviembre de 1931): Sustituyó al Código de Trabajo de la dictadura, otorgando reconocimiento legal a las asociaciones obreras y consagrando el contrato colectivo como norma. b) Ley de Jurados Mixtos (noviembre de 1931): Estableció organismos encargados del arbitraje, la conciliación y la elaboración de las "Bases de Trabajo", ampliando su jurisdicción a la inspección y control del proceso laboral. c) Seguros Sociales: Se dio un paso decisivo hacia la obligatoriedad de los seguros, logrando duplicar los ingresos por cuotas e integrando a dos millones de trabajadores adicionales en el retiro obrero. d) Protección sanitaria: Se hicieron obligatorios el seguro de maternidad y la asistencia sanitaria para las asalariadas, además del seguro de accidentes de trabajo en 1932. Enseñanza La educación fue concebida como un pilar para la modernización de España, basada en los principios de neutralidad, laicismo y escuela única: a) Modelo educativo: Se promovió una organización unificada de los estudios para garantizar el acceso a niveles superiores por capacidad y no por nivel económico. b) Laicismo y sustitución de órdenes: En cumplimiento del artículo 26 de la Constitución, se disolvió la Compañía de Jesús y se prohibió la enseñanza a las congregaciones religiosas, confiscando sus bienes para fines docentes. c) Creación de centros: El gobierno planeó la construcción de 7.000 escuelas públicas y 20 institutos de bachillerato en pocos meses, con el objetivo de sustituir la enseñanza confesional por la pública. d) Exigencia de titulación: Por decreto de octubre de 1931, se exigió el título de maestro para ejercer la enseñanza, recortando así el poder de magisterio de las órdenes religiosas. El agro Considerada el gran desafío del programa republicano, la reforma agraria buscaba cumplir la reivindicación histórica del campesinado y el ideal regeneracionista: a) Ley de Bases para la Reforma Agraria (septiembre de 1932): Estableció la expropiación con indemnización de tierras de señoríos jurisdiccionales, tierras sin cultivar, fincas arrendadas por largo tiempo y aquellas susceptibles de regadío..

b) Incautaciones a la nobleza: Como respuesta a la conspiración de Sanjurjo en agosto de 1932, se decretó la incautación sin indemnización de las tierras pertenecientes a la Grandeza de España. c) Gestión y ejecución: Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para ejecutar los asentamientos en catorce provincias de latifundio (Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca). d) Limitaciones y retrasos: La reforma fue extremadamente lenta debido a la burocracia, la falta de funcionamiento del Banco de Crédito Agrícola y la falta de acuerdo político; en noviembre de 1933, solo 2.500 familias habían sido asentadas. Reacciones a las reformas Campesinos La respuesta de los sectores agrarios estuvo marcada por una profunda decepción debido a la lentitud de la reforma agraria. Los campesinos, ajenos a las complejidades del debate parlamentario, vieron cómo la expectativa de un reparto inmediato de tierras se frustraba en un contexto de crisis económica, caída de precios y aumento del paro. Esta situación erosionó la confianza en la coalición gubernamental y empujó a grandes masas de obreros rurales hacia posiciones "antisistema", lideradas principalmente por la CNT y la FAI. Como consecuencia, se inició un ciclo de violencia e insurrecciones armadas, como el levantamiento del Alto Llobregat. El gobierno respondió con una dura política de orden público, agravando aún más el malestar social. Militares En el ámbito castrense, las reformas de Azaña generaron un clima de sospecha y rechazo entre la oficialidad. Aunque el retiro voluntario pretendía modernizar el ejército, el tono amenazador de la normativa y la supresión de centros como la Academia General de Zaragoza fueron interpretados como un ataque a la institución. A esto se sumó el descontento por la política exterior pacifista y la falta de estímulos profesionales tras el fin de las operaciones en Marruecos. Este caldo de cultivo permitió que sectores descontentos se agruparan en torno al general Sanjurjo, quien en agosto de 1932 lideró un fallido golpe de Estado, la "Sanjurjada", que evidenció el progresivo divorcio entre el ejército y el nuevo régimen republicano. Nacionalistas La articulación territorial del Estado generó tensiones tanto por las expectativas nacionalistas como por la resistencia de los sectores unitaristas. En Cataluña, el proceso se vio demorado por la necesidad de ajustar el Estatuto de Nuria a los límites de la Constitución de 1931, lo que provocó largos debates parlamentarios y el obstruccionismo de la derecha, que agitaba el fantasma del separatismo. En el País Vasco, la situación fue aún más conflictiva: el Estatuto de Estella fue rechazado por su carácter confesional e inconstitucional, y la falta de consenso entre las fuerzas políticas vascas sobre Navarra y la fiscalidad retrasó cualquier solución autonómica hasta finales de 1933..

La derechas Las fuerzas conservadoras y las organizaciones patronales articularon una oposición sistemática al reformismo, especialmente en materia laboral y religiosa. Los propietarios se opusieron a leyes como la de Términos Municipales por encarecer los costes y limitar su control sobre el empleo, mientras que la Iglesia se sintió profundamente agraviada por la Ley de Congregaciones y el laicismo escolar. Esta hostilidad facilitó una rápida reorganización de la derecha católica en torno a la CEDA (enero de 1933), una confederación con clara vocación electoral y accidentalista que buscaba alcanzar el poder para rectificar la legislación socializante y defender los intereses tradicionales frente a lo que consideraban una deriva excesivamente radical del régimen. Las elecciones de 1933 El proceso electoral de noviembre de 1933 marcó un punto de inflexión radical en la trayectoria de la Segunda República, caracterizado por una movilización ciudadana sin precedentes y un vuelco en la correlación de fuerzas parlamentarias. Tras la disolución de las Cortes en septiembre, los comicios se celebraron bajo un nuevo marco legal que permitió, por primera vez en la historia de España, el ejercicio del sufragio femenino, lo que incorporó a seis millones de mujeres al censo electoral. La campaña estuvo determinada por una profunda polarización: mientras las derechas, aprendiendo de la derrota de 1931, concurrieron unidas en coaliciones como la Unión de las Derechas y los Agrarios, apoyada por la CEDA, con un programa centrado en la amnistía y la contrarreforma social, las fuerzas de izquierda acudieron fragmentadas. Los socialistas optaron por competir en solitario en la mayoría de las circunscripciones, confiando en su propia fuerza, mientras que la CNT desplegó una agresiva campaña en favor de la abstención que terminó beneficiando a los sectores conservadores. Los resultados electorales confirmaron el descalabro del republicanismo de izquierda y el retroceso del PSOE, que redujo su representación a casi la mitad con solo 58 diputados. Por el contrario, la CEDA de Gil Robles, con 115 escaños, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con 104, se alzaron como las minorías mayoritarias de la Cámara. Aunque la derecha obtuvo una victoria clara, no alcanzó la mayoría absoluta, lo que obligó a una compleja alianza parlamentaria: los radicales de Lerroux asumirían el gobierno, pero quedarían subordinados al apoyo externo de la CEDA. Este nuevo escenario, conocido como el inicio del "bienio negro" por la izquierda, supuso el desmantelamiento de gran parte de la obra reformista anterior y provocó una inmediata reacción de radicalización en las filas socialistas y obreras, quienes, ante el temor de que el nuevo poder liquidara el régimen republicano, comenzaron a orientar su estrategia hacia la vía insurreccional. Los gobiernos radical-cedistas Apoyo de la CEDA, la Ley de Amnistía y la escisión radical Tras las elecciones, Lerroux formó un gobierno que dependía de los votos de la CEDA para sobrevivir parlamentariamente. Esta alianza obligó a los radicales a realizar una.

política de "contrarreforma" para satisfacer a la derecha católica. El hito más polémico de esta etapa fue la aprobación de la Ley de Amnistía de marzo de 1934, que benefició al general Sanjurjo y a los sublevados de 1932. Esta deriva hacia la derecha provocó una fractura irreversible en el Partido Radical: Martínez Barrio, junto a una parte de los diputados, abandonó la formación por considerar que se traicionaba el proyecto republicano, fundando el Partido Radical-Demócrata (posteriormente Unión Republicana). Frenos y limitaciones a las reformas previas El gobierno de centro-derecha se dedicó a desmantelar sistemáticamente la obra del primer bienio. En el ámbito agrario, se revocó la Ley de Términos Municipales y se limitaron las competencias de los Jurados Mixtos, lo que permitió a la patronal ignorar las mejoras salariales previas. En materia religiosa y educativa, se frenó la sustitución de las órdenes religiosas en la enseñanza y se devolvió el presupuesto al clero. Además, se procedió a la devolución de tierras confiscadas a la nobleza tras la "Sanjurjada" de 1932, paralizando de facto la reforma agraria en muchas regiones. La conflictividad Esta política de rectificación disparó la tensión social y política. La FNTT (socialistas del campo) convocó huelgas masivas en junio de 1934 que fueron reprimidas duramente con miles de detenciones. En Cataluña, el conflicto estalló por la Ley de Contratos de Cultivo, que fue anulada por el Tribunal de Garantías a instancias del gobierno central, provocando un enfrentamiento directo con la Generalitat de Companys. Finalmente, el clima de "antisistema" creció entre los obreros, quienes a través de las Alianzas Obreras empezaron a preparar una respuesta insurreccional ante el temor de que la CEDA tomara el poder total y acabara con el régimen republicano. Reacción de las izquierdas obreras La Alianza Obrera La Alianza Obrera surgió como una estrategia de unidad de acción del proletariado ante el avance de las fuerzas de derecha, que las organizaciones obreras interpretaban como una amenaza fascista inminente. Esta plataforma tuvo su origen en Cataluña a finales de 1933, impulsada por el Bloque Obrero y Campesino de Joaquín Maurín, y se extendió rápidamente al resto de España bajo el auspicio del ala radical del PSOE y la UGT, liderada por Largo Caballero. El objetivo era aglutinar a todas las fuerzas sindicales y partidos obreros (PSOE, PCE, Izquierda Comunista) en un frente común para defender las reformas republicanas y preparar una posible respuesta revolucionaria. Sin embargo, la Alianza nació con una debilidad estructural importante: la negativa de la CNT a integrarse en la mayoría del territorio (excepto en Asturias), al considerar que la plataforma estaba excesivamente controlada por los socialistas. La Revolución de Octubre de 1934 El detonante de la insurrección fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Alejandro Lerroux el 4 de octubre de 1934, hecho que la izquierda consideró el fin de.

la legalidad republicana. La respuesta fue una huelga general revolucionaria que tuvo un seguimiento desigual: mientras en Madrid y Barcelona fracasó rápidamente debido a la falta de coordinación y la intervención militar, en Asturias se convirtió en un auténtico estallido revolucionario gracias a la unión previa de socialistas, comunistas y anarquistas bajo el pacto de la UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Los mineros asturianos ocuparon fábricas de armas y centros de poder, estableciendo una efímera comuna que fue sofocada tras dos semanas de intensos combates por las tropas de África bajo el mando de los generales Franco y Goded. La represión posterior, con más de 1.000 muertos y 30.000 detenidos, incluido el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la proclamación del Estat Català por Lluís Companys, supuso el encarcelamiento de la mayoría de los líderes de izquierda y la suspensión temporal de la autonomía catalana. El escenario después de octubre de 1934 Polarización y confluencias Tras la derrota de la Revolución de Octubre, la vida política española se sumergió en una fractura social absoluta. La dura represión, que dejó las cárceles llenas de presos políticos (unos 30.000, incluyendo a Manuel Azaña, pese a no haber participado, y a la plana mayor del socialismo), se convirtió en el eje de la movilización de las izquierdas. Se inició un proceso de confluencia en torno a la campaña por la amnistía, que actuó como aglutinante entre los republicanos de izquierda y las fuerzas obreras. Manuel Azaña emergió como el líder indiscutible de esta reagrupación, pronunciando discursos multitudinarios que sentaron las bases de una futura gran coalición. En el lado opuesto, las derechas se radicalizaron en un discurso de "salvación nacional", presentando los sucesos de octubre como una prueba de que la República solo podía sobrevivir si se transformaba en un régimen autoritario y corporativo. Las dificultades del gobierno El gobierno de Alejandro Lerroux entró en una fase de extrema debilidad, quedando totalmente supeditado a los intereses de Gil-Robles. La CEDA, aprovechando el pánico de las clases medias tras la revolución, aumentó su presión sobre los radicales para forzar la "rectificación" total de la República. Este crecimiento del poder cedista se tradujo en una mayor presencia en el gabinete (pasando de tres a cinco ministros) y en el nombramiento de Gil-Robles como Ministro de la Guerra, quien situó a militares de confianza, como Franco y Fanjul, en puestos clave del Estado Mayor. El gobierno tuvo que enfrentarse no solo a la hostilidad de la izquierda, sino también a la parálisis legislativa por las constantes exigencias de la CEDA de reformar la Constitución para eliminar el laicismo y las autonomías. Finalmente, los escándalos de corrupción que salpicaron al Partido Radical (como el caso del Estrapelo) terminaron por hundir el prestigio de Lerroux, dejando a la CEDA como la única fuerza dominante en el bloque gubernamental antes de la crisis final de la legislatura..

El Frente Popular Las elecciones de febrero de 1936 Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se celebraron en un clima de máxima polarización. La izquierda acudió unida bajo el Frente Popular, una coalición que incluía a republicanos de izquierda (Acción Republicana, Unión Republicana), socialistas, comunistas y el POUM, con un programa centrado en la amnistía para los presos de 1934 y la recuperación de las reformas del primer bienio. Por su parte, la derecha se agrupó en el Bloque Nacional, liderado por la CEDA y los monárquicos, aunque no logró una unión tan sólida en todas las circunscripciones como en 1933. Los resultados dieron la victoria al Frente Popular, que obtuvo la mayoría absoluta de los escaños (unos 263 frente a 156 de la derecha) gracias al sistema mayoritario de la ley electoral, a pesar de que en votos totales la diferencia fue ajustada. El gobierno de Azaña Tras la victoria, Manuel Azaña asumió la presidencia del Consejo de Ministros, formando un gobierno integrado exclusivamente por republicanos de izquierda, ya que el PSOE decidió no participar directamente en el gabinete debido a sus divisiones internas. Este gobierno puso en marcha de inmediato el programa electoral: se decretó la amnistía general, se restableció el Estatuto de Cataluña y se reanudó de forma acelerada la reforma agraria (ocupación de fincas en Extremadura). Sin embargo, en mayo de 1936, tras la destitución de Alcalá-Zamora por las Cortes, Azaña fue elegido Presidente de la República, lo que le alejó de la gestión ejecutiva diaria en un momento de creciente tensión. El gobierno de Casares Quiroga Al pasar Azaña a la Presidencia de la República, la jefatura del gobierno recayó en Santiago Casares Quiroga. Su mandato estuvo marcado por una extrema debilidad parlamentaria y una parálisis ejecutiva frente al desorden público. Mientras el ala radical del PSOE, liderada por Largo Caballero, se alejaba de la colaboración con el gobierno esperando el colapso del sistema burgués, Casares Quiroga se vio incapaz de contener la agitación en las calles y los conflictos laborales. A pesar de recibir informes sobre conspiraciones militares, el gobierno infravaloró el peligro de un golpe de Estado, confiando en que la lealtad de la Guardia Civil y una parte del ejército sería suficiente para sofocar cualquier asonada. La violencia política y la trama golpista La primavera de 1936 fue testigo de una escalada de violencia política sin precedentes, con enfrentamientos callejeros entre milicias de izquierda y falangistas, quemas de iglesias y atentados. Este clima de inseguridad fue utilizado por la derecha como justificación para la rebelión. Paralelamente, se fraguó una trama golpista dirigida por el general Mola (el “Director”) desde Pamplona, con la colaboración de generales como Sanjurjo, Franco, Goded y Fanjul. El asesinato del teniente Castillo (de las fuerzas de seguridad republicanas) y la represalia inmediata con el asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, sirvieron como el detonante definitivo para que.

los conspiradores adelantaran el alzamiento militar iniciado el 17 de julio en el Protectorado de Marruecos. Personaje Afiliación / Organización Descripción y Relevancia en el Texto Alfonso XIII Monarquía Borbónica Rey de España; abandona el país tras el plebiscito de las municipales de 1931. Conde de Romanones Monárquico liberal Ministro que aconsejó al Rey salir de España y negoció el traspaso con Alcalá-Zamora. Gabriel Maura Monárquico Sugirió negociar con el Comité Revolucionario durante la crisis del 14 de abril. Juan de la Cierva Monárquico conservador Defensor de la resistencia armada de la Monarquía frente a la proclamación republicana. General Cavalcanti Militar monárquico Junto a La Cierva, se ofreció para defender el trono por la fuerza el 14 de abril. Niceto Alcalá- Zamora Derecha Liberal Republicana Presidente del Gobierno Provisional y primer Presidente de la República (1931-1936). Miguel Maura Derecha Liberal Republicana Ministro de la Gobernación; autor de la reforma electoral de 1931. Dimitió por la ley religiosa. Alejandro Lerroux Partido Republicano Radical Líder radical; Ministro de Estado en 1931 y Jefe de Gobierno en el bienio radical-cedista. Diego Martínez Barrio Partido Republicano Radical Ministro de Comunicaciones; más tarde se escindió de Lerroux para fundar Unión Republicana. Manuel Azaña Acción Republicana / IR Ministro de la Guerra (autor de la reforma militar), Jefe de Gobierno y Presidente de la República. Santiago Casares Quiroga ORGA / Izquierda Rep. Ministro de Marina en 1931 y Jefe de Gobierno durante el estallido del golpe en 1936. Álvaro de Albornoz Partido Radical- Socialista Ministro de Fomento en el Gobierno Provisional y miembro del Comité Revolucionario. Marcelino Domingo Partido Radical- Socialista Ministro de Instrucción Pública; impulsor del laicismo escolar y las Misiones Pedagógicas..

Personaje Afiliación / Organización Descripción y Relevancia en el Texto Lluís Nicolau d’Olwer Partit Republicà Català Ministro de Economía en 1931, representante del republicanismo catalán en Madrid. Francisco Largo Caballero PSOE / UGT Ministro de Trabajo (Leyes de Jurados Mixtos y Términos Municipales) y líder de la vía revolucionaria. Indalecio Prieto PSOE Ministro de Hacienda; líder de la facción centrista del socialismo favorable a la coalición. Fernando de los Ríos PSOE Ministro de Justicia e Instrucción Pública; figura clave en la laicidad y cultura del régimen. Julián Besteiro PSOE Presidente de las Cortes Constituyentes; representante de la facción más moderada del PSOE. Francesc Macià ERC Primer Presidente de la Generalitat; proclamó la República Catalana el 14 de abril. Lluís Companys ERC Sucesor de Macià; proclamó el Estat Català en octubre de 1934 y fue encarcelado por ello. General López Ochoa Militar Nombrado Capitán General en Barcelona por Macià el 14 de abril para asegurar el orden. General Sanjurjo Militar / Guardia Civil Director de la Guardia Civil en 1931; lideró el fallido golpe de Estado de 1932 (Sanjurjada). Ángel Pestaña CNT (Treintista) Líder sindicalista moderado que firmó el Manifiesto de los Treinta frente a la radicalidad de la FAI. Bullejos PCE Secretario General del PCE expulsado por la Comintern por no seguir la disciplina de Moscú. Adame PCE Dirigente comunista expulsado junto a Bullejos en la reorganización del partido en 1932. Trilla PCE Dirigente comunista depurado por la Internacional tras el fracaso de la táctica "clase contra clase". José Díaz PCE Secretario General del PCE desde 1932; aplicó la estrategia de Frentes Populares..

Personaje Afiliación / Organización Descripción y Relevancia en el Texto Dolores Ibárruri PCE "La Pasionaria"; líder vizcaína que ascendió tras la depuración de la antigua dirección. Joaquín Maurín BOC / POUM Impulsor de la Alianza Obrera en Cataluña como frente común contra el ascenso del fascismo. Andreu Nin Izquierda Comunista / POUM Líder comunista anti-estalinista; figura intelectual de la Alianza Obrera. José María Gil- Robles CEDA Líder de la derecha católica; su entrada en el gobierno detonó la Revolución de 1934. General Franco Militar Dirigió la represión en Asturias (1934) y fue clave en la trama golpista de julio de 1936. General Goded Militar General implicado en la represión de 1934 y en la conspiración militar de 1936. General Fanjul Militar Subsecretario del Ministerio de la Guerra en 1935 y conspirador contra el Frente Popular. General Mola Militar "El Director" de la conspiración de 1936 que coordinó el alzamiento desde Pamplona. José Calvo Sotelo Bloque Nacional / Renovación Líder monárquico radical en las Cortes; su asesinato fue el detonante de la Guerra Civil. Teniente Castillo Guardia de Asalto Militar de izquierdas cuyo asesinato por falangistas provocó la represalia contra Calvo Sotelo. José Antonio Primo de Rivera Falange Española Hijo del dictador; líder del partido fascista que fomentó la violencia callejera en 1936..